Participar en la cosa pública es un deber para poder disfrutar los derechos
Participar es un valor, afirma un Editorial de El País. Más que un valor en sí es un derecho y un deber de los ciudadanos. Los derechos pueden declinarse, en algunos casos, siempre que no perjudiquen a terceros o al orden establecido. Los deberes sociales, políticos, jurídicos y fiscales, por ejemplo, son irrenunciables. Para muchos pensadores, los deberes ciudadanos son la contrapartida de los derechos que emanan de las leyes fundamentales que conforman una República bien organizada. Más aún, el cumplimiento de esos derechos es la garantía del buen orden y de las libertades de los ciudadanos porque condicionan las estructuras básicas de la república, o del Estado, aunque no es lo mismo. (Ha habido repúblicas centenares de años antes de que surgiese el estado).Existen estados soberanos, democráticos y constitucionales en los que es obligatorio acudir a las urnas, al igual que lo es pagar los impuestos, someterse a las leyes en materia de documentos de identidad, pasaportes, construcción, paternidad, propiedad, carné de conducir, régimen de puertos y de aeropuertos, aportaciones a la seguridad social y un sin fin de obligaciones que nadie en su sano juicio se atrevería a conculcar porque caería sobre el infractor todo el peso de las leyes.
Para Pericles, en la antigua Atenas, en donde nació la política como arte y como ciencia, era inconcebible que un ciudadano no participase en las cosas de la Comunidad o polis, porque la acción u omisión afectaba a todos los ciudadanos. A los que no participaban como era debido se les denominaba "idiotés", término cuya evolución semántica no necesita explicación.
Siguiendo una opinión jurídica muy respetable, los responsables de la gobernación de la república, comunidad política o estado tiene la obligación de fomentar, de facilitar y de poner todos los medios para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho y obligación fundamentales. Es descorazonador ver cómo los ciudadanos de Polonia, que padecieron más de medio siglo bajo la dictadura soviética, cuando al fin alcanzaron la libertad y se dieron unas instituciones democráticas no alcancen el 50% de participación en las más importantes consultas electorales. Igual sucede en otros países de reciente acceso a la Unión Europea, que imitan torpemente el declinar incesante de la participación ciudadana en otros estados de la Unión. Y en los ejemplarizantes norteamericanos, adalides de la democracia que pretenden imponer a cañonazos en otros países.Claro que cuando la democracia parece consistir en acudir a las urnas cada cuatro años y verse obligado a votar en listas cerradas a personas impuestas por las componendas de los partidos, uno puede comprender pero no justificar esa desvirtuación del derecho fundamental de la democracia, la participación.
Por eso no puedo entender la actitud del Tribunal Supremo que prohíbe cautelarmente el despliegue institucional animando a la participación ciudadana. "Política y constitucionalmente se trata de un contrasentido. Tanto porque es valor básico de toda democracia la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos como porque la Constitución así lo consagra en su artículo 23. Y los poderes públicos deben ajustar su actuación al pleno respeto, desarrollo y fomento de los principios constitucionales", sostiene el citado Editorial.
En los referendos de ratificación (mucho más decisivos que los meramente consultivos) el cuerpo electoral se viene a convertir en cuerpo legislativo, y el Ejecutivo tiene, por tanto, el deber de fomentar el voto y seguramente el derecho de explicitar su posición sobre el contenido de la nueva ley estatutaria.Por lo demás ¿qué derecho o libertad se conculca animando a la participación electoral de los ciudadanos? Pueden votar en blanco o nulo, si no quieren decir que sí o que no a la propuesta electoral, pero existe el deber moral de ir a votar aunque todavía no sea una obligación jurídica. Aunque sólo sea por coherencia democrática y para no caer en la idiotés al no participar en las instituciones que garantizan el ejercicio de las libertades que disfrutamos, ellos también.
José Carlos Gª Fajardo
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